Ribera se niega a retirar el decretazo energético como le exigen las comunidades del PP

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han exigido este lunes a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la Conferencia Sectorial de Energía que retire el decreto para el «ahorro energético», una petición que ha sido rechazada. Cataluña, por su parte, ha reclamado que se aplace su aplicación -entrará en vigor este miércoles- algo que también se descarta.

Ribera y la ministra de Industria, Reyes Maroto, han tenido que improvisar esta reunión con los máximos responsables autonómicos en las áreas de Energía, Turismo y Comercio tras las críticas generadas por el polémico real decreto-ley de «ahorro energético» aprobado el pasado lunes en Consejo de Ministros. La intención inicial del Ministerio de Transición Ecológica era mantener mañana una reunión «técnica» para resolver las dudas de su aplicación pero la presión de varias regiones, entre ellas la Comunidad de Madrid, han motivado el encuentro, que se ha celebrado de forma telemática. En cualquier caso, desde el Ministerio ya se había avanzado que el objetivo de la reunión era «alinear las políticas de ahorro y eficiencia energética de todas las administraciones», descartando modificaciones.

En concreto, las regiones del PP han trasladado a Ribera su petición de que se retire el artículo que regula las obligaciones en la temperatura, así como el apagado en las tiendas, entre otros, por tratarse de su competencia.

El decreto recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. Además, también obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22 horas. Tanto edificios como locales deberán disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.

Ribera rechaza cualquier rectificación y las medidas entrarán así en vigor este miércoles. Únicamente se ha abierto a recibir propuestas de las comunidades autónomas hasta el 31 de agosto, de cara a presentar el plan final de ahorro en Bruselas en septiembre. No obstante, ya ha advertido que el Gobierno no aceptará propuestas que incluyan la vuelta al uso del carbón para generar energía o la ampliación de la vida de las centrales nucleares.

La ministra ha descartado que las medidas se apliquen únicamente a la Administración Pública, y no a los negocios, como han solicitado varias comunidades autónomas. Igualmente, ha arremetido en varias ocasiones contra las críticas de distintos cargos del Partido Popular y, en concreto, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quienes han acusado al Gobierno de «improvisar». «He oído alguna expresión altisonante que está fuera de lugar», ha aseverado.

Durante su intervención, Ribera ha defendido incluso el ahorro energético como la «mejor forma» de hacer frente al «chantaje de Putin» y ayudar a los ucranianos a resistir la invasión del país.

Críticas

Este decreto ha sido rechazado por comerciantes, empresarios y varias comunidades autónomas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya avisó hace días que «Madrid no se apaga». La región ha avanzado que sólo aplicará aquellas medidas que no sean de su estricta competencia. El Gobierno regional estudia la inconstitucionalidad de las medidas para, en su caso, emprender acciones legales.

La dirección del PP también ha reclamado este lunes al Gobierno que retire el decreto porque, ha denunciado, «se ha elaborado a espaldas de las comunidades, los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales». Génova ha dado autonomía a sus Ejecutivos regionales para recurrirlo si así lo consideran.

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que este decreto es fruto de «una improvisación» y ha instado al Ejecutivo a «mejorar» el plan y a «escuchar» a las comunidades autónomas.

Desde el Gobierno se ha arremetido contra estas autonomías, afirmando que generan «ruido» y «confusión». Pero lo cierto es que a estas críticas se suman otras comunidades, como Cataluña, que ha advertido sobre la «inseguridad jurídica» del decreto, en alusión, sobre todo, al régimen sancionador, que es responsabilidad de las propias comunidades.

(En ampliación)